El Gobierno de México anunció acuerdos con organizaciones campesinas y de transportistas para desactivar la amenaza de bloqueos en carreteras, casetas y cruces fronterizos, en un contexto de alta tensión por las demandas del campo y los riesgos de inseguridad vial. Tras mesas de trabajo realizadas el miércoles, las autoridades federales informaron que se avanzó en compromisos concretos para atender reclamos productivos y reforzar la seguridad en las vías de comunicación, con el objetivo de preservar el libre tránsito y la continuidad de las actividades económicas en plena temporada decembrina.
En un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación y de Agricultura y Desarrollo Rural señalaron que se acordó reforzar la presencia operativa en tramos carreteros de mayor riesgo, brindar acompañamiento a transportistas y productores, y fortalecer el uso de herramientas tecnológicas para la prevención del delito. El mensaje oficial insistió en que estas acciones buscan proteger a la ciudadanía y garantizar que no se interrumpa el flujo de mercancías, especialmente alimentos e insumos estratégicos.
Los transportistas, por su parte, reconocieron avances en la negociación, aunque advirtieron que se mantendrán “en alerta” si los compromisos no se cumplen en los plazos acordados. Anticiparon que en un lapso aproximado de dos semanas se realizará una nueva reunión de seguimiento, en la que participará la Fiscalía General de la República, para evaluar resultados en materia de seguridad y atención a delitos contra el transporte de carga.
Dependencias coinciden en el diálogo permanente
Las mesas de trabajo contaron con la participación de Gobernación, Agricultura, Economía, Hacienda, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional. De acuerdo con el gobierno federal, las dependencias coincidieron en que el diálogo permanente y la coordinación interinstitucional son indispensables para garantizar la gobernabilidad, el bienestar del campo mexicano y la seguridad en carreteras federales y estatales.
En el caso del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), la reunión fue encabezada por el secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, y el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera. Como resultado, se estableció que este 18 de diciembre un equipo técnico del FNRCM será recibido por Agricultura y Alimentación para el Bienestar para discutir propuestas de pignoración de maíz, frijol, sorgo, trigo, cebada y soya.
El acuerdo también contempla la inclusión de productores en los trabajos del Sistema Mexicano de Ordenamiento del Mercado y Comercialización del Maíz. A ello se suma una ruta institucional para analizar los temas vinculados al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), conforme a sus mecanismos formales y bajo la conducción de la Secretaría de Economía, así como la atención prioritaria a centros de acopio y al abasto alimentario.
Demandas del campo y exigencias de seguridad vial
En días previos, organizaciones campesinas y de transportistas advirtieron que podrían reactivar bloqueos en al menos 17 puntos carreteros, además de la toma de casetas, aduanas y puentes internacionales, si no se alcanzaban acuerdos sobre un nuevo modelo agroalimentario nacional. Algunas movilizaciones ya se encontraban activas, a la espera de definiciones, lo que incrementó la presión sobre el gobierno federal.
Las organizaciones del campo demandan la protección de la producción agrícola nacional mediante precios de garantía fijados de manera anticipada, como lo establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Su argumento central es que numerosos productos se comercializan por debajo de los costos de producción, lo que compromete la viabilidad económica de miles de productores.
Entre las propuestas planteadas se encuentra el retiro del mercado de un millón de toneladas de sorgo para estabilizar precios, el acopio de un millón de toneladas de trigo a 6 mil 500 pesos por tonelada y un esquema para 17 millones de toneladas de maíz con un precio objetivo de 7 mil 200 pesos por tonelada. La finalidad es liberar presión en el mercado y mejorar los ingresos del sector.
Del lado del transporte, las exigencias se concentraron en la seguridad. Los representantes solicitaron la creación de paraderos seguros, la emisión de un documento que prohíba retenes estatales y municipales en carreteras federales y el establecimiento de una oficina especializada de la Fiscalía General de la República para atender delitos contra el transporte de carga, particularmente el robo.
El anuncio de los acuerdos no elimina del todo el riesgo de nuevas protestas, pero sí abre una ventana de negociación que, de cumplirse, podría evitar afectaciones mayores a la movilidad y al abasto. El reto inmediato será traducir los compromisos en acciones verificables, en un escenario donde la paciencia de productores y transportistas se mantiene condicionada a resultados.
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