La Fiscalía General de Justicia del Estado de México logró la vinculación a proceso de 26 personas presuntamente involucradas en una red de plazas irregulares que habría provocado un daño patrimonial superior a 96 millones de pesos mediante la simulación de contrataciones de personal docente.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la vinculación a proceso de 26 personas investigadas por su presunta participación en un esquema de desvío de recursos públicos mediante la asignación irregular de plazas laborales en distintas dependencias estatales.
De acuerdo con la institución, la investigación abarca a 33 exservidores públicos, funcionarios en activo y particulares. De ese total, un imputado aún espera la resolución de su situación jurídica, mientras que cinco promovieron juicios de amparo.
Las autoridades estiman que la operación ocasionó un perjuicio superior a 96 millones de pesos al erario entre enero de 2025 y febrero de 2026. Sin embargo, las indagatorias apuntan a que el mecanismo comenzó a operar desde 2021.
Entre los investigados figuran exsubsecretarios, exdirectores generales, coordinadores, delegados administrativos, directores de área, subdirectores y personal operativo que laboró en diversas dependencias del Gobierno del Estado de México.
Detectaron cientos de plazas presuntamente irregulares
Las investigaciones iniciaron tras una denuncia presentada por el Gobierno del Estado de México, luego de detectar 459 movimientos de alta de personal docente cuyos titulares, presuntamente, nunca desempeñaron funciones en los centros educativos donde fueron asignados.
Según la Fiscalía, las pesquisas revelaron irregularidades en documentos oficiales, intercambio indebido de claves de acceso al Sistema Integral para la Gestión Administrativa de Personal (SIGAP) y registros de trabajadores en escuelas que no se encontraban en operación.
Además, las autoridades sostienen que la red reclutaba principalmente a familiares y personas cercanas para registrarlas como empleados públicos. Posteriormente, esas personas permitían el uso de sus datos personales para aparecer en la nómina gubernamental.
La investigación señala que terceros retenían las tarjetas bancarias donde se depositaban los salarios y posteriormente distribuían el dinero entre los integrantes del presunto esquema.
De acuerdo con la FGJEM, por cada 200 mil pesos cobrados como sueldo, los denominados «falsos docentes» recibían únicamente seis mil pesos, mientras que el resto era repartido entre quienes presuntamente coordinaban la operación.
Fiscalía documentó mensajes y presentó miles de pruebas
Como parte de la investigación, la Fiscalía aseguró haber obtenido mensajes en los que presuntamente se instruía a los beneficiarios cancelar sus cuentas bancarias y negar cualquier relación laboral con el Gobierno del Estado de México una vez iniciadas las auditorías.
Uno de los mensajes incorporados al expediente sugería negar cualquier vínculo con la administración pública para dificultar las investigaciones.
Asimismo, la carpeta del caso está integrada por 30 tomos y alrededor de 12 mil fojas que incluyen entrevistas, dictámenes periciales, inspecciones y diversa documentación utilizada para solicitar órdenes de aprehensión y las posteriores vinculaciones a proceso.
Los imputados enfrentan cargos por los delitos de fraude y abuso de autoridad. La Fiscalía sostiene que presuntamente simularon contrataciones de personal docente con el propósito de desviar recursos públicos.
Hasta el momento, las investigaciones continúan para determinar si existen más personas involucradas y establecer el alcance total del presunto daño ocasionado a las finanzas públicas del Estado de México.
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