Un Tribunal de Enjuiciamiento de Puebla declaró culpable a Javier López Zavala, exsecretario de Gobernación estatal y excandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por el feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón, cometido en mayo de 2022. Tras una audiencia que se prolongó por más de 11 horas, el tribunal emitió un fallo condenatorio contra López Zavala y otros dos implicados. La pena que deberán cumplir será dada a conocer el próximo 31 de diciembre, en un cierre judicial esperado tras más de tres años de proceso.
El fallo también alcanzó a Jair ‘N’, sobrino de López Zavala, y a Silvestre ‘N’, quienes fueron declarados responsables por su participación en los hechos. La resolución llega después de un juicio largo y complejo, con cerca de 80 audiencias y ocho meses de juicio oral, en el que el tribunal analizó pruebas testimoniales, periciales y documentales que permitieron acreditar la responsabilidad penal de los acusados.
Un crimen planeado y ejecutado con seguimiento previo
Cecilia Monzón fue asesinada el 21 de mayo de 2022 en el municipio de San Pedro Cholula, Puebla. De acuerdo con las investigaciones, la abogada conducía su vehículo cuando fue interceptada por dos hombres que viajaban en una motocicleta. Los agresores le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole la muerte en el lugar. Desde las primeras indagatorias, las autoridades descartaron el robo como móvil y establecieron que se trató de un ataque directo y previamente planeado.
Durante el juicio, la Fiscalía acreditó que Javier López Zavala fue el autor intelectual del feminicidio. Según lo expuesto ante el tribunal, el exfuncionario habría planeado el asesinato con anticipación y ordenado su ejecución. Jair ‘N’ fue señalado como intermediario y coordinador del ataque, mientras que Silvestre ‘N’ fue identificado como el autor material.
Las pruebas mostraron que los implicados vigilaron a la víctima días antes del crimen, sostuvieron reuniones para coordinar la agresión y utilizaron una motocicleta para seguirla el día del asesinato. Tras consumar el ataque, abandonaron el vehículo utilizado, se refugiaron en un inmueble del municipio de Puebla y posteriormente huyeron en una camioneta vinculada a otro de los involucrados.
Detenciones, liberaciones y proceso judicial
Javier López Zavala fue detenido el 7 de junio de 2022, junto con Jair ‘N’ y Santiago ‘N’, este último identificado como su secretario particular. Sin embargo, Santiago ‘N’ fue liberado en 2023 luego de que no se acreditara su participación directa en el feminicidio. Silvestre ‘N’, quien permanecía prófugo, fue detenido el 30 de julio de 2022.
El proceso judicial se extendió por más de tres años, un periodo marcado por diferimientos, audiencias prolongadas y un seguimiento constante por parte de colectivos feministas y organizaciones civiles. El caso se convirtió en un referente nacional sobre violencia feminicida y acceso a la justicia, debido tanto al perfil público del acusado como a la persistencia de la familia de la víctima en exigir una resolución judicial.
Violencia previa y exigencia de pena máxima
Cecilia Monzón era madre de un hijo en común con Javier López Zavala. Antes del feminicidio, existía un proceso legal en contra del exfuncionario por violencia familiar, en el cual ya fue declarado culpable, aunque hasta ahora no se ha dictado sentencia definitiva. Este antecedente fue considerado dentro del contexto del caso, al evidenciar un historial de violencia.
La familia de la víctima, encabezada por su hermana Helena Monzón, ha reiterado que buscará la pena máxima para los responsables. De acuerdo con la legislación vigente en Puebla, la condena por feminicidio puede alcanzar hasta 60 años de prisión. La expectativa se centra ahora en la audiencia del 31 de diciembre, cuando el tribunal dará a conocer la sentencia.
El fallo condenatorio marca un punto clave en un caso que ha simbolizado la lucha contra la impunidad en crímenes de género. Aunque la sentencia aún está pendiente, la resolución judicial representa un paso decisivo en el reconocimiento del feminicidio de Cecilia Monzón y en la responsabilidad penal de quienes participaron en su planeación y ejecución.
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