La presidenta Claudia Sheinbaum envió este miércoles 20 de mayo de 2026 al Senado de la República una reforma constitucional que aplaza hasta 2028 la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La iniciativa busca dar más tiempo para preparar el proceso y evitar posibles riesgos en la impartición de justicia.
Contenido principal de la reforma
La propuesta modifica los artículos 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 y 107 de la Constitución Política. Entre los principales cambios destaca el retraso de la elección popular de más de 1,600 cargos judiciales (incluyendo ministros de la SCJN, magistrados de circuito y jueces de distrito) del 2025 al 2028, coincidiendo con las elecciones presidenciales y legislativas.
Razones del aplazamiento
Según el documento enviado al Senado, el aplazamiento tiene tres objetivos principales:
- Permitir una mejor preparación técnica y logística del proceso electoral judicial.
- Evitar que la elección coincida con el proceso electoral federal de 2027.
- Garantizar una transición ordenada y evitar vacíos en el Poder Judicial.
La reforma también incluye ajustes en los requisitos para ser candidato y en los mecanismos de elección popular.
Reacciones en el Congreso
La iniciativa fue turnada de inmediato a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia del Senado. Morena y sus aliados celebraron el anuncio como un acto de responsabilidad. Por su parte, la oposición (PAN, PRI y PRD) criticó la medida y la calificó como un “retroceso” y una forma de “prolongar el control del Ejecutivo sobre el Poder Judicial”.
Contexto de la reforma judicial
Esta propuesta llega después de la polémica reforma judicial aprobada en 2024, que establecía la elección popular de jueces. Desde entonces, diversos sectores han expresado preocupación por la posible politización de la justicia y la falta de preparación para un proceso de esta magnitud.
Aunque parezca un tema lejano y técnico, esta decisión afecta directamente la vida diaria de todos los mexicanos. Los jueces resuelven asuntos tan importantes como amparos contra abusos de autoridad, juicios laborales, divorcios, pensiones alimenticias, disputas de tierras y protección de derechos humanos. Aplazar la elección busca evitar improvisaciones que podrían generar inestabilidad en el sistema de justicia. Para los habitantes de Quintana Roo, esto significa que los jueces que resuelven casos de turismo, medio ambiente, propiedad privada y seguridad seguirán siendo los mismos durante dos años más, con el objetivo de dar mayor certeza jurídica.
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