Una iniciativa ciudadana busca incorporar a la Constitución de la Ciudad de México el derecho a la eutanasia y al suicidio médicamente asistido para personas con enfermedades graves e incurables. La propuesta será presentada este miércoles y sus impulsores aseguran contar con respaldo social, respaldado por una encuesta que señala que casi ocho de cada diez capitalinos apoyan esta medida en casos de enfermedad terminal.
El debate sobre el derecho a morir con dignidad vuelve a tomar fuerza en la Ciudad de México. Organizaciones civiles presentarán una iniciativa ciudadana para legalizar la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, con el objetivo de que las personas que enfrentan enfermedades graves, incurables o en fase terminal puedan acceder, bajo estrictos criterios médicos y legales, a una muerte asistida.
La propuesta, denominada Ley de Asistencia Médica para Morir, es impulsada por el Comité Promotor de la asociación ciudadana Libertad para Morir, que busca incorporar este derecho a la Constitución Política de la Ciudad de México mediante el mecanismo de participación ciudadana previsto en la legislación local.
Respaldo social al procedimiento
Los promotores sostienen que la iniciativa responde al creciente respaldo social hacia este tipo de procedimientos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Opinión sobre el Derecho a Morir con Dignidad, elaborada por la asociación civil Derecho a Morir con Dignidad (DMD) e Investigación en Salud y Demografía (Insad), el 78.8 por ciento de los habitantes de la capital está de acuerdo con que un médico proporcione sustancias letales a un paciente en fase terminal cuando éste lo solicite de manera libre y voluntaria.
Asimismo, la encuesta refleja un amplio apoyo a que médicos puedan asistir en el domicilio a pacientes con enfermedades terminales o condiciones médicas irreversibles cuando exista una solicitud expresa y se cumplan los requisitos establecidos por la ley.
La iniciativa plantea acceso gratuito mediante instituciones públicas
La propuesta contempla que la eutanasia y el suicidio médicamente asistido puedan aplicarse únicamente a personas que padezcan enfermedades graves e incurables, con un pronóstico de vida limitado y un sufrimiento físico o psicológico considerado insoportable, sin expectativas razonables de mejoría.
Además de despenalizar estos procedimientos, la iniciativa busca reconocerlos como un derecho que pueda ser garantizado por las instituciones públicas de salud de la Ciudad de México, ofreciendo atención médica segura, regulada y gratuita para quienes cumplan con los criterios establecidos.
Los impulsores consideran que el objetivo es brindar a las personas la posibilidad de decidir sobre el final de su vida bajo principios de autonomía, dignidad y respeto a los derechos humanos.
Entre quienes han manifestado su respaldo al proyecto se encuentra el jurista y exprocurador general de la República, Diego Valadés, quien señaló que la propuesta fue elaborada con rigor técnico y jurídico.
Valadés destacó que diversos países ya han regulado la eutanasia y el suicidio médicamente asistido mediante leyes específicas, por lo que consideró que México puede abrir un debate legislativo sustentado en principios constitucionales como la dignidad humana, la libertad individual y el carácter laico del Estado.
Promotores buscarán respaldo ciudadano
El Comité Promotor anunció que este miércoles presentará oficialmente la iniciativa durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, donde también dará a conocer los avances del proyecto y abrirá un espacio de diálogo sobre la regulación de la eutanasia.
Durante el encuentro, los organizadores invitarán a la ciudadanía a respaldar formalmente la iniciativa mediante la recolección de firmas, requisito indispensable para que el Congreso capitalino esté obligado a discutir la propuesta.
De acuerdo con la legislación vigente en la Ciudad de México, las iniciativas ciudadanas deben reunir el apoyo de al menos el 0.13 por ciento del padrón electoral para ser turnadas al Congreso local y entrar al proceso legislativo correspondiente.
Aunque alcanzar ese número de apoyos obliga a los diputados a analizar la propuesta, la ley no establece que deban aprobarla, por lo que la eventual legalización dependerá del debate y la votación que realice el Poder Legislativo de la capital.
El tema vuelve así al centro de la discusión pública en México, donde la eutanasia continúa sin estar permitida legalmente, mientras crece el debate sobre el alcance del derecho a decidir en pacientes con enfermedades irreversibles y el papel que deben desempeñar las instituciones de salud en este tipo de decisiones.
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