Una investigación publicada por el diario Reforma revela que la Fiscalía General de la República (FGR) detectó una presunta red de contrabando que habría introducido ilegalmente 144 millones de litros de combustibles a México en apenas 52 días. De acuerdo con el expediente citado por el rotativo, la operación utilizó documentación falsa para internar diésel, gasolina y nafta ligera desde Estados Unidos a través de la Aduana de Matamoros, Tamaulipas.
Una investigación periodística publicada por Reforma expone uno de los mayores casos de presunto huachicol fiscal detectados en México. Con base en un expediente de la Fiscalía General de la República (FGR), el diario documentó que una organización criminal habría ingresado ilegalmente 144 millones de litros de combustibles entre el 1 de junio y el 22 de julio de 2025, utilizando una estructura que simuló importaciones legales para evadir impuestos y controles aduaneros.
Según el reporte del periodista Abel Barajas, la operación se realizó mediante 291 pedimentos de importación presuntamente fraudulentos. En ellos, los cargamentos fueron declarados como «solución de cloruro de calcio», cuando en realidad transportaban diésel, gasolina y nafta ligera.
De acuerdo con el expediente citado por Reforma, durante ese periodo ingresaron al país mil 366 ferrotanques con hidrocarburos, equivalentes a un promedio de 2.7 millones de litros diarios. Esa cantidad representa el tránsito aproximado de 61 pipas tipo full por día o el suministro diario para alrededor de 42 mil vehículos.
La investigación señala que los cargamentos cruzaron por la Aduana de Matamoros, en Tamaulipas, para posteriormente ser enviados por vía ferroviaria hacia Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí.
Empresas, funcionarios y una red bajo investigación
De acuerdo con Reforma, la FGR identificó como destinatarias finales de los combustibles a las empresas Ferroservicios y Jumandi Group. Esta última fue vinculada recientemente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El expediente también refiere que la documentación necesaria para concretar las importaciones habría sido gestionada mediante la agencia Servicios Aduanales JR.
La investigación comenzó a avanzar el 21 de julio de 2025 tras una denuncia anónima presentada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Ese mismo día, las autoridades realizaron un cateo en una agencia aduanal donde aseguraron 17 ferrotanques.
Según la información publicada por Reforma, 15 de esas unidades contenían más de 1.6 millones de litros de diésel, mientras que otras dos transportaban nafta ligera.
Como resultado de las diligencias, un juez federal libró 13 órdenes de aprehensión contra empresarios, agentes aduanales y funcionarios presuntamente involucrados en la operación.
Hasta ahora, siete personas han sido detenidas y vinculadas a proceso. Entre ellas figura Armando Riestra Fernández, propietario de la agencia aduanal presuntamente utilizada para realizar las operaciones, así como verificadores, directivos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y socios de Jumandi Group.
También investigan un buque asegurado desde 2020
La investigación de Reforma también señala que la captura más reciente ocurrió el pasado 12 de junio, cuando Carlos Eugenio Benítez Orta, identificado como exsubdirector aduanero, fue deportado desde Estados Unidos para enfrentar el proceso penal en México.
Asimismo, el diario informó que seis personas continúan prófugas, entre ellas los tenientes coroneles Armando Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia García, quienes estuvieron al frente de la Aduana de Matamoros durante el periodo en que presuntamente ocurrió el ingreso masivo de combustible.
Por otra parte, Reforma dio a conocer que la FGR promovió una demanda de extinción de dominio sobre el buque tanque Blue Commander, asegurado desde septiembre de 2020 en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, por un caso relacionado con presunto tráfico ilícito de hidrocarburos.
La embarcación, valuada en aproximadamente 15 millones de dólares, permanece bajo resguardo y, de prosperar el procedimiento judicial, podría pasar de manera definitiva al Estado mexicano para su eventual asignación a Petróleos Mexicanos (Pemex) o su venta.
De acuerdo con la información publicada por el diario, una jueza federal ordenó el aseguramiento formal del navío y su inscripción en el Registro Público Marítimo Nacional, por lo que permanecerá bajo custodia temporal del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) mientras continúa el proceso judicial.
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