La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó este lunes cualquier riesgo para su gobierno o para México por las posibles declaraciones que realicen los exfuncionarios de Sinaloa que se entregaron a la justicia de Estados Unidos. “Ningún riesgo de lo que pudieran declarar, fue una decisión de ellos entregarse”, afirmó tajante la mandataria. Sus palabras responden a la entrega voluntaria de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Rubén Rocha Moya. Ambos enfrentan acusaciones graves en EE. UU. por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
Los exfuncionarios que ya están en EE. UU.
- Gerardo Mérida Sánchez (exsecretario de Seguridad): Fue detenido en Nogales, Sonora/Arizona y trasladado a Nueva York. Es uno de los funcionarios mejor pagados durante la administración de Rocha Moya y enfrenta cargos por aceptar sobornos del cártel a cambio de protección y no interferir en el trasiego de drogas.
- Enrique Díaz Vega (exsecretario de Administración y Finanzas): Se entregó voluntariamente desde Europa. Su posición le permitía manejar recursos públicos, por lo que las autoridades estadounidenses lo señalan como pieza clave en el supuesto lavado y financiamiento de operaciones delictivas.
Ambos forman parte de una lista de 10 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses acusados por el Departamento de Justicia de EE. UU. desde finales de abril de 2026, entre los que destacan el propio gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez.
Contexto de las acusaciones
Desde finales de abril, el Departamento de Justicia acusa a estos funcionarios de conspirar con “Los Chapitos” para facilitar el envío masivo de fentanilo y otras drogas a Estados Unidos a cambio de sobornos. EE. UU. designó al Cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera, lo que eleva la gravedad de los cargos.
Hasta el momento, Sheinbaum ha insistido en que no existen pruebas públicas contra los señalados y ha reiterado que México investigará con soberanía cualquier caso. “Ningún gobierno extranjero le va a arrebatar la transformación al pueblo de México”, enfatizó la presidenta.
Posibles implicaciones de sus declaraciones
Los exfuncionarios que ya colaboran con la fiscalía estadounidense podrían aportar información sobre supuestas redes de corrupción, financiamiento y protección al cártel. Analistas indican que Mérida, por su cargo en seguridad, y Díaz Vega, por el control de finanzas, tienen conocimiento detallado de operaciones internas del gobierno estatal. Sin embargo, Sheinbaum minimiza el impacto: “Fue decisión de ellos entregarse”.
El senador Enrique Inzunza, señalado en la misma acusación, reapareció públicamente y negó cualquier contacto con autoridades extranjeras. “Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad”, escribió.
Postura institucional de Sheinbaum
La presidenta ha mantenido una línea clara de defensa de la soberanía. Rechaza cualquier injerencia externa y afirma que las instituciones mexicanas actuarán conforme a derecho. No ha confirmado si existe una investigación formal en México contra Rocha Moya y su círculo, pero ha señalado que nadie puede esconderse bajo el manto de Morena si incurrió en actos de corrupción.
Este caso mantiene en tensión las relaciones México-Estados Unidos en materia de seguridad y cooperación bilateral. Para Quintana Roo, donde el turismo y el flujo migratorio con EE. UU. son vitales, cualquier escalada en tensiones podría impactar en percepción de seguridad y flujos económicos. La presidenta ha enviado un mensaje de estabilidad: México no se dejará presionar y seguirá su ruta de transformación.
Las próximas semanas serán clave. Si los exfuncionarios entregan información relevante, podría abrirse un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, con repercusiones políticas en Morena y Sinaloa.
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