La Fiscalía General de la República sostiene que Gilda Susana Lozoya Austin desempeñó un papel relevante en una presunta operación de lavado de dinero relacionada con el caso Agronitrogenados. Sin embargo, su defensa rechaza las acusaciones y afirma que nunca autorizó transferencias bancarias ni firmó documentos vinculados con la empresa utilizada en la investigación.
La investigación por el caso Agronitrogenados abrió un nuevo frente judicial con la imputación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) contra Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin. La dependencia federal sostiene que la acusada habría participado en una estructura financiera utilizada para ocultar el origen de recursos relacionados con presuntos sobornos por la compra de la planta de fertilizantes.
De acuerdo con la teoría del caso presentada por el Ministerio Público Federal durante la audiencia de imputación, la operación involucró aproximadamente 3.4 millones de dólares que presuntamente fueron canalizados mediante una empresa constituida en el extranjero y utilizados posteriormente para adquirir una residencia en la Ciudad de México.
No obstante, la defensa de Gilda Lozoya negó que exista evidencia que la vincule directamente con esas operaciones financieras. Los abogados aseguraron que su clienta nunca firmó documentos relacionados con la empresa señalada por la Fiscalía y tampoco ordenó las transferencias bancarias que forman parte de la investigación.
La imputación fue presentada luego de la detención de Gilda Susana Lozoya Austin, ocurrida el pasado 2 de julio. Posteriormente, durante la audiencia inicial, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para preparar su respuesta antes de que el juez determine si existen elementos suficientes para vincularla a proceso.
La Fiscalía sostiene que formó parte del esquema financiero
Según la carpeta de investigación, la FGR sostiene que Emilio Lozoya pactó con Alonso Ancira, entonces accionista mayoritario de Altos Hornos de México (AHMSA), la adquisición de la planta Agronitrogenados antes incluso de asumir la Dirección General de Pemex.
La Fiscalía afirma que dicho acuerdo contemplaba el pago de un presunto soborno cercano a los 3.5 millones de dólares. Ese dinero habría sido transferido desde cuentas relacionadas con AHMSA hacia Tochos Holding Limited, una empresa constituida en Islas Vírgenes Británicas que, según las investigaciones, fue utilizada para recibir los recursos.
De acuerdo con la imputación, posteriormente Emilio Lozoya cedió los derechos de esa empresa a su hermana Gilda Susana. Para la FGR, ese movimiento formó parte de una estructura diseñada para ocultar la trazabilidad del dinero y dificultar el seguimiento de los recursos.
Asimismo, el Ministerio Público sostiene que la acusada figuraba como beneficiaria de la cuenta bancaria utilizada por la empresa fachada, situación que, a juicio de la autoridad, la convirtió en una pieza relevante dentro del presunto esquema de lavado de dinero.
La investigación también refiere que parte de esos recursos fue utilizada para adquirir una residencia ubicada en la colonia Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Ese inmueble posteriormente fue sujeto a un procedimiento de extinción de dominio.
La Fiscalía sostiene que entre junio y noviembre de 2012 se realizaron cinco transferencias por un monto aproximado de 3.4 millones de dólares. Además, señala que alrededor de 2.5 millones de dólares terminaron en cuentas de la persona que vendió la residencia adquirida por Emilio Lozoya.
Sin embargo, la propia carpeta de investigación establece que las instrucciones para concretar esas operaciones fueron ejecutadas por una empresa administradora distinta denominada TMF Management, encargada de gestionar los fondos de Tochos Holding.
Para la FGR, el conjunto de movimientos financieros evidencia una estrategia encaminada a ocultar el origen de los recursos y facilitar la operación presuntamente ilícita relacionada con la compra de Agronitrogenados.
La defensa rechaza las acusaciones de la Fiscalía
La estrategia jurídica de Gilda Susana Lozoya Austin se centra en desvirtuar la participación que la Fiscalía le atribuye dentro del presunto esquema financiero. Sus abogados sostienen que la imputada nunca firmó documentos relacionados con Tochos Holding Limited y tampoco autorizó las cinco transferencias bancarias señaladas por el Ministerio Público.
De acuerdo con la defensa, las operaciones financieras fueron ejecutadas en Suiza mientras Gilda Lozoya residía en México, por lo que consideran que no existe evidencia que demuestre que hubiera ordenado o participado directamente en esos movimientos.
Además, los abogados cuestionan que la FGR la identifique como un «eslabón» dentro de la presunta estructura de lavado de dinero cuando, afirman, no existen documentos firmados por ella que acrediten la toma de decisiones sobre la empresa investigada.
La audiencia para resolver la situación jurídica de la hermana del exdirector de Pemex fue diferida luego de que la defensa solicitó más tiempo para responder a la petición de vinculación a proceso presentada por la Fiscalía.
Jueza rechaza prisión preventiva
Durante la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República solicitó que Gilda Susana Lozoya Austin permaneciera en prisión preventiva mientras avanzaba el proceso penal.
Sin embargo, la jueza de control rechazó esa petición al considerar suficientes otras medidas cautelares para garantizar su comparecencia durante el procedimiento.
En consecuencia, la autoridad judicial ordenó que la imputada acuda a firmar periódicamente cada quince días, porte un brazalete electrónico y permanezca en territorio nacional, ya que también le prohibió salir de México sin autorización judicial.
La resolución no implica un pronunciamiento sobre su responsabilidad penal. Por ahora, únicamente establece las condiciones bajo las cuales enfrentará el proceso mientras se determina si existen elementos suficientes para vincularla formalmente por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La vinculación a proceso definirá el siguiente paso del caso
La audiencia programada para este martes será determinante para el desarrollo del procedimiento penal. En ella, el juez deberá analizar si los datos de prueba presentados por la Fiscalía son suficientes para iniciar formalmente un proceso penal contra Gilda Susana Lozoya Austin.
Mientras tanto, la defensa mantiene su postura de que la imputación carece de sustento jurídico y ha insistido en que la acusada nunca intervino en las operaciones bancarias atribuidas por el Ministerio Público.
Además, este fin de semana los representantes legales de la familia Lozoya acusaron a la Fiscalía de vulnerar la privacidad y la presunción de inocencia de Gilda Susana mediante la difusión de imágenes relacionadas con su detención.
Por ahora, el caso permanece en etapa inicial. La decisión que adopte el juez sobre la posible vinculación a proceso marcará el rumbo de una investigación que forma parte del expediente del caso Agronitrogenados, uno de los procesos de mayor relevancia derivados de la gestión de Emilio Lozoya al frente de Petróleos Mexicanos.
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